“El desplazamiento de personas generado por la crisis humanitaria en Venezuela”
DOI:
https://doi.org/10.46932/sfjdv3n6-004Keywords:
desplazamiento forzado, respuesta regional, seguridad, venezuelaAbstract
En el año 2016 la situación social, económica y de seguridad motivó al gobierno de Venezuela a declarar el Estado de excepción, el cual se ha prorrogado desde entonces mientras se vulnera el sistema de justicia, la libertad expresión y de reunión, utilizando en forma excesiva la fuerza, deteniendo arbitrariamente y persiguiendo a defensoras y defensores de los derechos humanos. En medio de esta crisis humanitaria, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse fuera del territorio venezolano para resguardar su vida e integridad. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes venezolanas convergen en el mayor éxodo en la historia de América Latina. Como respuesta a ello, a nivel regional, el marco normativo destinado a la protección de personas observa la convergencia de instrumentos del sistema universal de protección como la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (1951), interamericanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, regionales, como la Declaración de Cartagena del año 1984. Esta última amplía la definición del estatuto de refugiado siendo incorporada en las legislaciones nacionales. Asimismo, con motivo del trigésimo aniversario de la Declaración, los Estados asumieron un nuevo compromiso a largo plazo conocido como plataforma “Cartagena +30”, en el cual se sientan las bases para evaluar el panorama regional y adoptar un marco estratégico en términos de protección a las personas refugiadas y desplazadas. La situación generada por Venezuela presenta un desafío para los países para la región poniendo a prueba la naturaleza humanitaria de los procedimientos de asilo. Consecuentemente, los Estados e instituciones de cooperación regionales debieron abordar la problemática a partir de la adopción de instrumentos complementarios a los existentes como la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región y la Plataforma de Coordinación Regional Inter-agencias para refugiados y migrantes de Venezuela. El presente trabajo busca analizar las respuestas regionales al fenómeno descrito, así como evaluar la plena vigencia de los compromisos asumidos tanto en los instrumentos internacionales como regionales buscando determinar si las normas existentes tienen la virtud de constituirse en un marco práctico de aplicación capaz de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional del estatuto de refugiado.